- La Asociación de Empresas de Servicios (AESEC) expresa públicamente su rechazo a las nuevas iniciativas planteadas por la Inspección de Trabajo, entre ellas la propuesta de imponer sanciones de 1.000 euros por contrato a aquellas empresas que extingan una relación laboral durante el período de prueba.
Desde AESEC se considera que el período de prueba es una herramienta legal, legítima y necesaria, que permite tanto a la empresa como al trabajador valorar la adecuación al puesto antes de consolidar la relación laboral. Cualquier medida que limite o penalice su aplicación supone añadir rigidez, inseguridad jurídica y costes innecesarios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Declaraciones de Antonio Andreu Rocamora, presidente de AESEC.
El presidente de AESEC, Antonio Andreu Rocamora, manifiesta:
“El período de prueba no es un abuso; es un mecanismo de garantía tanto para el trabajador como para la empresa. Penalizar su uso con sanciones económicas solo generará más obstáculos a la contratación, dificultando aún más la creación de empleo.”
“Las pymes necesitan estabilidad, claridad y apoyo. No podemos aceptar medidas que castigan decisiones empresariales legítimas y que no responden a la realidad del tejido productivo. Desde AESEC defenderemos siempre el equilibrio entre derechos laborales y viabilidad empresarial.”
“Solicitamos a la Administración que escuche a las empresas y que no avance en propuestas que aumenten la incertidumbre y la burocracia. El camino debe ser el diálogo y la colaboración, no la imposición de sanciones que perjudican directamente al empleo.”
Posicionamiento de AESEC
AESEC considera imprescindible que cualquier reforma en materia laboral se realice con consenso, análisis riguroso del impacto y teniendo en cuenta las circunstancias reales de las empresas. La asociación elevará formalmente su oposición a esta medida y defenderá los intereses de las empresas de Elche y su comarca ante los organismos competentes.
AESEC reafirma su compromiso con la defensa del tejido empresarial y la promoción de un entorno normativo justo, equilibrado y favorable al empleo.
